ENTE REGULADOR
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DECRETO EJECUTIVO No. 138

(De 15 de junio de 1998 )

"Por el cual se dictan normas para la utilización de instalaciones dedicadas a la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, radio y televisión"

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

en uso de sus facultades legales

CONSIDERANDO:

Que la Administración Pública tiene como finalidad inmediata, la de satisfacer las necesidades colectivas mediante el establecimiento de normas que permitan a la comunidad recibir en forma eficiente la prestación de los servicios de telecomunicaciones, radio y televisión;

Que es política del Estado en materia de servicios públicos promover que todos los concesionarios presten estos servicios conforme a los principios de tratamiento igual entre usuarios, en circunstancias similares asegurando la continuidad, calidad, eficiencia y la leal competencia entre los concesionarios que presten los servicios de telecomunicaciones, radio y televisión;

Que de acuerdo al numeral 10 del Artículo 179 de la Constitución Nacional, es atribución del Presidente de la República con la participación del Ministro respectivo, dirigir, reglamentar e inspeccionar los servicios establecidos en nuestra Carta Magna;

Que se hace necesario para con las necesidades colectivas establecer normas que permitan la utilización compartida de las instalaciones dedicadas a la prestación de los servicios de telecomunicaciones, radio y televisión, que permitan recibir un servicio con calidad y a precios accesibles para toda la población.

DECRETA:
TITULO I: DISPOSICIONES PRELIMINARES

Capítulo 1: Disposiciones Generales

Artículo 1. El Organo Ejecutivo, por conducto del Ente Regulador de los Servicios Públicos, tiene por finalidad con este Decreto, reglamentar el uso de las instalaciones dedicadas a la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones, radio y televisión en la República de Panamá, de manera tal que se propicie el uso más eficiente de las instalaciones que operan o utilizan los operadores o suministradores de estos servicios.

Artículo 2. El Ente Regulador está facultado para dictar las resoluciones y demás disposiciones complementarias que resulten necesarias para el cumplimiento del presente Decreto Ejecutivo, siempre que se ajusten a la letra o al espíritu del presente Decreto o a las leyes que éste reglamenta. Las normas que emita el Ente Regulador serán de cumplimiento obligatorio.

Artículo 3. El Ente Regulador promoverá el mejoramiento de la calidad de los servicios públicos, asegurando su continuidad, calidad y eficiencia en todo el territorio de la República de Panamá, garantizando el desarrollo de la leal competencia entre los operadores de tales servicios. Para ello, se asegurará de que los suministradores cumplan con la obligación de proveer acceso y uso de las instalaciones a aquellos operadores que lo soliciten a precios, términos y condiciones justas, razonables y no discriminatorias, salvaguardando la promoción de la competencia, la defensa del medio ambiente, y evitando la duplicación innecesaria de las inversiones.


Capítulo 2: Definiciones

Artículo 4. Las definiciones adoptadas en el presente Decreto Ejecutivo son las siguientes:

CAMARA DE INSPECCION: Compartimiento anejo a las redes utilizado para el control de las mismas.

CASETA: Construcción, de carácter permanente o no, dedicada a albergar o cobijar elementos de la red.

CASO FORTUITO: Se considerará como caso fortuito, entre otros, los siguientes eventos: epidemias, terremotos, deslizamientos de tierra o desplazamientos de otros materiales, tormentas, inundaciones, otras condiciones climatológicas adversas o cualquier otro evento o acto, ya sea o no del tipo antes señalado que no hayan podido preverse, o que previsto fuera inevitable, que ocurra dentro del área de concesión de un concesionario, siempre y cuando ocasione de manera directa y principal que éste no pueda cumplir oportunamente con las obligaciones contenidas en su concesión.

CONDUCTO: Canal o tubo comúnmente cubierto que sirve para la distribución de cableado.

Decreto No. 155/62: Decreto No. 155 de 28 de mayo de 1962 "Por el cual se regulan los Servicios de Radiodifusión y Radioaficionados en la República".

EMERGENCIA (o URGENCIA) NACIONAL: Son aquellos casos de grave perturbación del orden público, desastres naturales, grave calamidad pública, paralización de los servicios públicos o situación de urgente interés social que exigen medidas rápidas del Organo Ejecutivo.

ENTE REGULADOR: Organismo autónomo del Estado, con personería jurídica y patrimonio propio, a cargo del control y la fiscalización de los servicios públicos.

ESPACIO UTILIZABLE: Espacio o capacidad disponible en una instalación del nivel mínimo requerido para la utilización de líneas, cables, antenas o equipo relacionado, y que pueda permitir, en su caso, la existencia de, entre otras, capacidad de transmisión disponible, capacidad de transmisión total y/o capacidad de reserva.

FUERZA MAYOR: Se considerarán casos de fuerza mayor, entre otros, los siguientes eventos: guerras, revoluciones, insurrecciones, disturbios civiles, bloqueos, embargos, huelgas, restricciones o limitaciones de materiales o servicios necesarios para la prestación de los servicios públicos, así como cierres y cualesquiera otras causas, que sean o no del tipo antes señalado, que no haya podido preverse, o que previsto fuera inevitable, que ocurran dentro del área de prestación del servicio, siempre y cuando ocasione de manera directa y principal que el operador de servicios no pueda cumplir oportunamente con las obligaciones que le corresponden.

INSTALACIONES: Postes, conductos, cámaras de inspección, casetas, torres y demás elementos de las redes a que se refiere el presente Decreto Ejecutivo, que estén construidos o localizados en áreas de servidumbre pública u otros bienes de dominio público, conforme los definen los Artículos 329 y 333 del Código Civil, salvo en los casos que expresamente y por excepción se contemplan en el presente Decreto.

INVERSIONES MAYORES: Proyectos con un presupuesto de inversión mayor de B/25,000.00 en Balboas de 1999, ajustados anualmente de acuerdo con la variación acumulada del Indice de Precios al Consumidor (IPC), emitidos por la Contraloría General de la República de Panamá, la cual será calculada tomando como base el 1° de enero de 1999.

INVERSIONES MENORES: Proyectos con un presupuesto de inversión menor que los identificados como Inversión Mayor.

LEY No. 36/80: La Ley No. 36 de 17 de octubre de 1980 por la cual se toman medidas relacionadas con el establecimiento y funcionamiento de estaciones de televisión en la República de Panamá, modificada por la Ley No. 17 de 1991.

LEY No. 26/96: La Ley No. 26 de 29 de enero de 1996, por la cual se crea el Ente Regulador de los Servicios Públicos.

LEY No. 31/96: La Ley No. 31 de 8 de febrero de 1996, por la cual se dictan normas para la regulación de las telecomunicaciones en la República de Panamá.

OPERADOR: Persona natural o jurídica que tiene vigente una concesión amparada por la Ley No. 31, o una licencia definitiva amparada por la Ley No. 36, o una concesión amparada por el Decreto No. 155 y que desee acceder al uso de instalaciones.

POSTE: Terminal con clavijas colocado verticalmente que hace contacto con conductores de cable.

PRECIO RAZONABLE: Aquel precio que asegura la recuperación de un monto no menor que los costos incrementales a largo plazo por facilitar el acceso, y no mayor que la resultante de multiplicar el porcentaje del total del espacio utilizable por la suma de los gastos de operación y los costos de capital del suministrador atribuibles a las instalaciones.

SEGURIDAD NACIONAL: Son aquellos casos de guerra externa o perturbación interna que amenacen la paz y el orden público, que llevan a una declaración de urgencia en toda la República o parte de ella y traen como resultado la suspensión total o parcial de los Artículos 21, 22, 23, 26, 27, 29, 37, 38 y 44 de la Constitución Política de la República de Panamá.

SUMINISTRADOR: Persona natural o jurídica con capacidad para contratar el acceso y el uso de las instalaciones sujetas a su control, siempre y cuando tenga vigente una concesión amparada por la Ley No. 31, o una licencia definitiva amparada por la Ley No. 36, o una concesión amparada por el Decreto No. 155, o que este de otro modo debidamente autorizada para prestar los servicios públicos regulados por el presente Decreto.

TORRE: Construcción elevada cuya finalidad es la ubicación de elementos funcionales de las redes tales como antenas, anclajes de cables, etc.

USO: Es el empleo del espacio utilizable en las instalaciones a que se refiere el presente Decreto.

TITULO II: NORMAS GENERALES


Capítulo 1: Principios Generales

Artículo 5. Los suministradores deberán otorgar el acceso y permitir y facilitar el uso conjunto de las instalaciones siempre que sea técnicamente posible, que exista espacio utilizable o capacidad de ampliación y cuando dicha utilización no imposibilite la explotación de las redes en forma simultánea, tomando en cuenta los planes de expansión del suministrador, a corto, mediano y largo plazo.

Artículo 6. El Ente Regulador propiciará que el uso de las instalaciones se lleve a cabo en forma equitativa, razonable y no discriminatoria. En tal sentido, a solicitud de parte, podrá dictar mandatos de acceso y uso y como autoridad administrativa de última instancia estará facultado para ordenar el acceso y/o el uso de las instalaciones solamente cuando las partes interesadas no hayan logrado voluntariamente acuerdo en el ejercicio de los principios de la libre contratación.

Artículo 7. Los suministradores estarán obligados a facilitar acceso y uso de sus instalaciones a los operadores que lo soliciten de acuerdo con los principios de neutralidad, no discriminación e igualdad conforme a los términos y condiciones técnicas y económicas negociados de buena fe entre ellos, a la Ley No. 31/96, a la Ley No. 36, al Decreto No. 155, al presente Decreto Ejecutivo y a la demás reglamentación aplicable, siempre que:

7.1 Se haya presentado una solicitud de acceso y uso, o se haya firmado un acuerdo al efecto, o el Ente Regulador haya expedido una Resolución al repecto;

7.2 La utilización propuesta no represente ningún peligro o perjuicio a las instalaciones, redes o equipos del suministrador o de cualquier otro operador, ni afecte a terceros;

7.3. La utilización solicitada no represente amenaza a la vida, la salud o a la seguridad de las personas responsables de la operación y mantenimiento de las instalaciones o de terceros ni a las redes, ni lesione ni dañe las instalaciones del suministrador ni de los demás operadores ubicados en la instalación ni afecte en forma alguna la calidad del servicio prestado por el suministrador o los demás operadores;

7.4. La utilización no esté prohibida por disposiciones legales vigentes;

7.5. Se utilizará como referencia para los temas relacionados con la seguridad, la última edición del Código de Seguridad Eléctrica Nacional de los Estados Unidos de América (ANSI C2 — National Electric Safety Code) última edición, hasta que se cuente con una norma de este tipo en la República de Panamá.

Artículo 8. Los suministradores estarán obligados a:

8.1 Suministrar acceso y facilitar el uso eficiente de sus instalaciones a los operadores que lo soliciten, bajo condiciones equitativas, razonables, y no discriminatorias;

8.2. Proporcionar a los operadores, acceso eficaz y puntual a la información técnica necesaria para permitir o facilitar dicho uso.


Capítulo 2: Acuerdos de Acceso y Uso

Artículo 9. Los operadores y suministradores deberán:

9.1. Negociar de buena fe los términos y condiciones de los acuerdos de acceso y uso;

9.2. Proveer a los operadores interesados, de manera oportuna, la información necesaria para permitir el acceso y uso así como el mantenimiento eficiente de las instalaciones o redes y cualquier otro cambio que afecte su uso;

9.3. Facilitar acceso en todos los puntos técnicamente factibles, siempre que no se ocasione daño a las instalaciones del suministrador o las redes de los demás operadores, ni se afecte a terceros.

Artículo 10. Los acuerdos de acceso y uso, ya sean nuevos o que modifiquen acuerdos existentes, se fundamentarán en los principios de minimización de costos, maximización de eficiencia para evitar la duplicación de las inversiones, así como en los principios de igualdad, neutralidad y no discriminación entre operadores.

Artículo 11. Los acuerdos celebrados entre suministradores y operadores, ya sea para nuevo acceso y uso o de modificación de usos existentes, deberán constar por escrito y ajustarse a lo establecido en el presente Decreto Ejecutivo y a las disposiciones complementarias que emita el Ente Regulador.

Artículo 12. Las partes realizarán sus mejores esfuerzos para alcanzar un acuerdo a partir de que el solicitante envíe una copia al Ente Regulador de la solicitud enviada al suministrador, en la que conste que éste la ha recibido. El plazo para alcanzar un acuerdo será de sesenta (60) días calendario de la fecha de recepción de la solicitud si se trata de inversiones menores y de noventa (90) días calendario si se trata de inversiones mayores.

Artículo 13. Los acuerdos de acceso y uso, ya sea de nuevos usos o de modificación de los existentes deberán contener, como mínimo:

13.1. Especificación de los puntos de acceso y su ubicación geográfica;

13.2 El remanente de espacio utilizable;

13.3 El espacio reservado para uso del operador, así como la duración de la reserva;

13.4. Responsabilidad con respecto a instalación, prueba y mantenimiento de todo el equipo que se utilizará;

13.5. Los mecanismos para fijar el precio del acceso y uso;

13.6. Formas de pago;

13.7. Procedimientos para intercambiar la información necesaria para el buen funcionamiento y el adecuado mantenimiento de las instalaciones y de los equipos de las partes;

13.8. Términos y procedimientos en casos de emergencia;

13.9. Procedimientos para detectar y reparar averías, incluyendo el tiempo máximo para los distintos tipos de reparaciones;

13.10. Duración del acuerdo y procedimientos para su renovación;

13.11. Indemnizaciones por incumplimiento;

13.12. Mecanismos para la solución de controversias de todo tipo referentes al acceso y al uso de acuerdo con el presente Decreto Ejecutivo;

13.13. Estipulaciones respecto a la incompatibilidad de uso entre instalaciones o redes;

13.14. Cualquier otra información que las partes o el Ente Regulador estimen necesaria.

Artículo 14. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 112 de este Decreto, para efectos de determinar si el espacio utilizable es el adecuado para acomodar una solicitud de servicio, todas las solicitudes recibidas durante el período inicial de sesenta (60) días calendario desde que este Decreto entre en vigor se considerarán entregadas simultáneamente. Un sistema de sorteo conducido por el Ente Regulador será utilizado para asignar prioridades a las solicitudes así entregadas. Todas las solicitudes recibidas después del período inicial de sesenta (60) días calendario serán atendidas según su orden de recibo, de acuerdo con la fecha y hora de su recibo.

Parágrafo Transitorio: Las solicitudes que no hayan sido formalizadas a la fecha de entrada en vigencia de este Decreto Ejecutivo, deberán presentarse nuevamente al suministrador en los términos que señala el presente artículo.

Artículo 15. Dentro de los quince (15) días calendario siguientes al vencimiento del término de sesenta (60) días calendario de que trata el Artículo anterior, los operadores deberán presentar al Ente Regulador copia de las respectivas solicitudes. El Ente Regulador hará el sorteo dentro de los quince (15) días calendario siguientes al vencimiento del primer término de quince (15) días señalado en este Artículo.


Capítulo 3: Denegación del Acceso y Uso

Artículo 16. Los suministradores solamente podrán denegar acceso y uso en los siguientes casos:

16.1. Que no exista espacio disponible ni capacidad de ampliación;

16.2. Que las redes no sean compatibles técnica y funcionalmente, o el acceso o uso propuesto represente grave peligro o perjuicio a las instalaciones o equipos del suministrador o de terceros que estén utilizando las instalaciones;

16.3. Que el acceso o uso solicitado represente amenaza a la vida, la salud o a la seguridad de las personas responsables de la operación y mantenimiento de las instalaciones o de la red, o lesione o dañe las instalaciones del suministrador o afecte en forma alguna la calidad de los servicios prestados por el suministrador o por los demás operadores que ocupan las instalaciones o afecte a terceros;

16.4. Que el acceso o uso no sea permitido bajo las leyes y reglamentos pertinentes;

16.5. Que las condiciones contractuales exigidas por el operador no sean comercialmente justas, o que no sean congruentes con los principios de contratación establecidos en este Decreto.

Artículo 17. Corresponde a la parte que deniega el acceso demostrar y justificar técnicamente o legalmente por escrito que el acceso y uso solicitado se encuentra en alguno de los supuestos señalados en el Artículo anterior. El suministrador enviará una copia de la notificación por la cual se niega el acceso al Ente Regulador y al solicitante del acceso dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de la solicitud en la cual establecerá las razones de su denegación.

Artículo 18. La parte a quien le ha sido denegado el acceso podrá presentar una reclamación al Ente Regulador dentro de los treinta (30) días calendario que siguen a la fecha en que reciba la notificación mencionada en el Artículo anterior. La reclamación deberá indicar o adjuntar:

18.1. Descripción del acceso solicitado;

18.2. Las razones aducidas para la denegación del acceso;

18.3. Los motivos por los cuales se considera que la denegación es injusta o irrazonable;

18.4. La alternativa de solución propuesta;

18.5. Copia de la solicitud de acceso;

18.6. La respuesta de la parte denegando el mismo.

La reclamación no será rechazada en el caso de que no haya podido obtenerse una respuesta escrita de la parte que denegó el acceso o si la parte recurrente no ha suministrado la información completa contenida en este Artículo.

Artículo 19. El Ente Regulador resolverá la reclamación mediante Resolución motivada en un plazo no mayor de sesenta (60) días calendario contados a partir del día que se recibió.

Artículo 20. Si la parte a la cual se le denegó el acceso, presenta su reclamación al Ente Regulador, y argumenta que no se le proporcionó la respuesta por escrito que se indica en el Artículo 17, el Ente Regulador acogerá la reclamación, y mediante nota dará a la parte que denegó el acceso, un plazo de siete (7) días calendario para que entregue dicha respuesta por escrito al Ente Regulador, de lo contrario se hará acreedor a una sanción. En el supuesto caso de que la respuesta por escrito hubiese sido entregada oportunamente al solicitante del acceso, habiéndolo éste omitido en la presentación de la reclamación, ésta ante el Ente Regulador será rechazada.


Capítulo 4: Suspensión del Acceso y Uso

Artículo 21. Excepto en casos de grave peligro para la vida o salud humana, grave perjuicio a la red de cualquier operador o mora en el pago de sus cuentas por la utilización de instalaciones superior a sesenta (60) días calendario, el acceso y uso no podrá darse por terminado anticipadamente, salvo que ambas partes lleguen a un acuerdo, o alguna de las partes incumpla los términos del acuerdo de acceso y uso y el incumplimiento no sea remediado en un término de cuarenta (40) días calendario después de su notificación por la parte afectada, y siempre que el Ente Regulador determine, mediante Resolución motivada, que la terminación de dicho acceso y uso no perjudicará el interés público bajo las circunstancias vigentes en su momento.

Artículo 22. Salvo acuerdo distinto entre las partes o casos de emergencia, seguridad nacional, caso fortuito o fuerza mayor, el acceso y uso no podrán ser interrumpidos sin que medie autorización previa por parte del Ente Regulador, el cual podrá autorizar interrupciones con los propósitos de mantenimiento, pruebas y otras circunstancias razonables. Los suministradores deberán justificar la interrupción por escrito ante el Ente Regulador en casos de emergencia, seguridad nacional, caso fortuito o fuerza mayor dentro de los dos (2) días hábiles que siguen a la ocurrencia del hecho, evento o circunstancia o imposición de la respectiva medida, e informarle de las medidas tomadas para restablecer el respectivo acceso y uso y la fecha prevista a este efecto, una vez que cesen dichos hechos o circunstancias.

Artículo 23. No se requerirá autorización del Ente Regulador en caso de que el suministrador haya notificado a los operadores con un mínimo de dos (2) días hábiles de anticipación cualquier interrupción con propósitos de mantenimiento, pruebas u otras circunstancias razonables, y si éstos no han objetado la interrupción por escrito.


Capítulo 5: Orden de Prioridad en Caso de Escasez de Espacio

Artículo 24. En el supuesto de que el espacio en las instalaciones resulte escaso y no sea posible ampliarlo, se aplicará el siguiente orden de prioridad:

24.1. Necesidades de emergencia o seguridad nacional, para la seguridad ciudadana, necesidades para la seguridad de la vía pública y de las Agencias Gubernamentales;

24.2. Necesidades de expansión del suministrador;

24.3. Necesidades de aquellos operadores o concesionarios de los servicios públicos de telecomunicaciones, radio y televisión que satisfagan objetivos de interés público o utilidad pública;

24.4. Otras necesidades de los operadores o concesionarios de los servicios públicos de telecomunicaciones, así como de los servicios de radio y televisión, y de otros operadores.

Artículo 25. En el supuesto de que dos o más entidades de igual prioridad soliciten utilización en caso de escasez de espacio, tendrá preferencia aquella que lo haya solicitado primero.


Capítulo 6: Del Suministrador en Posición Dominante

Artículo 26. A los efectos del presente Decreto Ejecutivo, se considerará que gozan de posición dominante aquellos suministradores que explotan un servicio equivalente al ofrecido por el operador que solicita el acceso y uso.

Artículo 27. Dos servicios serán considerados equivalentes cuando sea factible sustituir uno por otro.

Artículo 28. Los suministradores en posición dominante con respecto a un servicio deberán registrar todos sus acuerdos de acceso y uso referentes a éste ante el Ente Regulador dentro de los quince (15) días calendario que siguen a su celebración. Los demás suministradores deberán mantener dichos acuerdos a disposición del Ente Regulador en sus oficinas, y facilitarle copias a petición de éste.


Capítulo 7: Solución de Controversias

Artículo 29. De no haber un acuerdo entre las partes respecto al acceso y uso solicitado o en caso de que surgieran controversias respecto a los términos y condiciones del acuerdo que no puedan resolverse a través de los mecanismos de solución de disputas contenidos en el mismo, cualquiera de las partes podrá solicitar la intervención del Ente Regulador. La solicitud se hará por escrito y describirá los puntos en desacuerdo entre las partes. El Ente Regulador limitará su intervención a la solución de los temas en controversia, salvo en los casos en que determine que el acuerdo contiene elementos anticompetitivos, discriminatorios o violatorios de la ley o los reglamentos pertinentes. Sin perjuicio de lo anterior, a partir del momento en que cualquiera de las partes haya solicitado la intervención del Ente Regulador, éste podrá ordenar el acceso y uso inmediatos, los cuales seguirán en vigor hasta la resolución final de la controversia.

Artículo 30. En caso de desacuerdo, ambas partes enviarán al Ente Regulador una oferta final, y la sustentarán con la documentación que consideren oportuna y la que el Ente Regulador les solicite.

Artículo 31. El Ente Regulador, una vez haya recibido la oferta final de una de las partes, dispondrá de cuarenta y cinco (45) días calendario para tomar una decisión.

Artículo 32. Una vez que una de las partes haya presentado su oferta final al Ente Regulador, ambas tendrán un período de tres (3) días calendario para proceder a una conciliación. Si una parte no presenta ninguna oferta final en ese plazo, el Ente Regulador impondrá la oferta de la otra parte.

Artículo 33. De haberse entregado por ambas partes una oferta final, y no haberse llegado a un acuerdo, el Ente Regulador podrá contratar a un perito independiente, que deberá seleccionar según el mecanismo establecido en el Capítulo 8 del presente Título, quien, tras escuchar a ambas partes, emitirá un informe no vinculante para el Ente Regulador, estableciendo cuál de las dos ofertas presentadas es la más justa. Los costos por la intervención del perito serán pagados de acuerdo a lo establecido en el Capítulo 8 del presente Título.

Artículo 34. El Ente Regulador, una vez haya recibido el informe del perito, decidirá la controversia en un plazo de sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha del informe del perito, fundándose para ello en el dictamen del perito o en la determinación que estime más ajustada a los términos del presente Decreto.

Artículo 35. Cualquiera sea la decisión que adopte el Ente Regulador, lo hará mediante Resolución motivada.

Artículo 36. Cuando el Ente Regulador determine cual de las ofertas resulta adecuada, su decisión será de obligatorio cumplimiento desde que se emita la resolución correspondiente, y lo resuelto se aplicará desde la fecha en que se inició debidamente autorizada la utilización de las respectivas instalaciones.


Capítulo 8: Del Perito Independiente

Artículo 37. Cuando una de las partes solicite al Ente Regulador que resuelva una controversia entre ellas, éste podrá contratar los servicios de un perito independiente, el cual será escogido de mutuo acuerdo entre las partes de la lista de peritos acreditados que para tal efecto el Ente Regulador deberá mantener, los cuales podrán ser personas naturales o jurídicas. En caso de que las partes no se pusieren de acuerdo en cuanto a la designación del perito en un plazo de diez (10) días calendario contados a partir de la correspondiente notificación, el Ente Regulador procederá a su designación, dentro de la lista de peritos acreditados antes mencionada. Las partes podrán escoger de mutuo acuerdo un perito fuera de la lista, y éste pasará a ser designado por esta entidad.

Artículo 38. Son causas que impedirán la inclusión de un perito en la lista las siguientes:

38.1. Cuando él mismo o sus parientes dentro del segundo grado de afinidad o cuarto de consanguinidad sea parte interesada en el asunto;

38.2. Cuando sea socio, accionista o de alguna manera participe con una de las partes;

38.3 Cuando tenga o haya tenido un (1) año antes de su inclusión en la lista, juicio pendiente con una de las partes;

38.4 Cuando haya hecho pública su opinión sobre el asunto objeto de la disputa antes de haber sido propuesto;

38.5 Cuando tenga enemistad conocida con alguna de las partes.

Si alguna de las partes no cumpliera con los plazos y la forma prevista para la selección del perito, el Ente Regulador tomará la decisión por la parte que incumpla.

Artículo 39. Los costos y honorarios de contratación del perito serán determinados de común acuerdo entre el Ente Regulador y el perito. Cada parte depositará ante el Ente Regulador por partes iguales la cantidad que sea fijada dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha en que el Ente Regulador haya requerido dicho depósito. La parte que no deposite la suma que le corresponde dentro del término antes señalado, será sancionada por el Ente Regulador con una multa entre B/.100.00 y B/.10,000.00. La parte contra la cual se dicte la resolución que dirima la controversia pagará la totalidad de los costos y honorarios del perito. En caso de que la controversia se resuelva por un lado en favor de una de las partes y por el otro lado, en su contra, los costos y honorarios del perito serán pagados por las partes en razón de las pérdidas sufridas por cada una de ellas, conforme lo determine el Ente Regulador mediante Resolución motivada.

TITULO III: ACCESO Y USO DE INSTALACIONES UBICADAS EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO

Capítulo 1: Principios de acceso y uso de instalaciones ubicadas en bienes de dominio privado

Artículo 40. Excepcionalmente, el Ente Regulador podrá ordenar el acceso y uso de instalaciones ubicadas en propiedad privada, únicamente cuando ocurran una o más de las siguientes circunstancias:

40.1. La imposibilidad para un operador de obtener permisos de construcción y/o de ocupación para edificar nuevas instalaciones en otras ubicaciones por razón de la aplicación de normas nacionales y/o municipales;

40.2. La imposición de normas ecológicas y/o de medio ambiente que impidan la construcción de nuevas instalaciones en otras ubicaciones;

40.3. La topografía de los terrenos en donde estén construidas o se construyan instalaciones reúna condiciones muy difíciles de sustituir y estrictamente en la medida en que no hayan ubicaciones alternativas que a juicio del Ente Regulador brinden condiciones adecuadas para la prestación del servicio ofrecido por el operador.

Artículo 41. Cuando el Ente Regulador ordene el acceso y/o uso según el Artículo anterior, se entenderá que los bienes de propiedad privada, que sean afectados, están destinados a servicios públicos para los fines del ordinal 2 del Artículo 255 de la Constitución Política de la República de Panamá. En tales casos, el propietario del bien afectado tendrá derecho a indemnización que se determinará según su justo valor de mercado en la fecha de la afectación.

Artículo 42. Para los casos contenidos en el Artículos 40, el Ente Regulador actuará únicamente cuando medie solicitud de parte dirigida al Ente Regulador fundamentada en uno o más de los numerales establecidos en dicho Artículo y podrá limitar el acceso y uso de instalaciones a servicios específicos que se puedan prestar en la República de Panamá de conformidad con la Ley No. 31/96, la Ley No. 36/80, o el Decreto No. 155/62.

Artículo 43. La autorización o negación para la utilización de instalaciones localizadas en bienes de dominio privado, bienes de dominio público o bajo régimen municipal sujetos a arrendamiento se determinará a través de un proceso de audiencia pública convocado por el Ente Regulador.

Artículo 44. El procedimiento de audiencias públicas tendrá, como mínimo las siguientes características:

44.1. El Ente Regulador emitirá la convocatoria al público a través de un aviso que se publicará obligatoriamente por un mínimo de tres (3) días calendario consecutivos en dos (2) diarios de circulación nacional;

44.2. El aviso se publicará con no menos de treinta (30) días calendario de anticipación, e indicará fecha, lugar y hora en que se celebrará la audiencia pública;

44.3. El aviso de convocatoria especificará el nombre del solicitante, el nombre del propietario, las generales del sitio, el servicio para el cual se solicita acceso y uso y las razones que motivan su solicitud;

44.4. La audiencia pública se celebrará no antes de treinta (30) días calendario ni después de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir del vencimiento del plazo que especifique el Ente Regulador para la presentación de comentarios u objeciones;

44.5. Podrá participar en el acto cualquier persona que demuestre previamente a juicio del Ente Regulador su legítimo interés en participar en el acto de audiencia pública.

Artículo 45. Dentro de los sesenta (60) días calendario contados a partir de la celebración de la audiencia pública el Ente Regulador emitirá una Resolución motivada en donde se autorice o se niegue la utilización de la instalación de que se trate bajo las normas que rigen este Decreto.

TITULO IV: PRECIO Y CONDICIONES DEL ACCESO Y USO

Capítulo 1: Precio del Acceso y Uso

Artículo 46. Los precios cobrados por acceso y uso de las instalaciones deberán ser justos y razonables, y se fijarán de común acuerdo entre las partes.

Artículo 47. En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo, se aplicará el mecanismo de solución de controversias establecido en el Título II del presente Decreto Ejecutivo. La actuación del Ente Regulador, y en su caso, del perito, estará guiada por los principios señalados en el presente Título.

Artículo 48. Los precios que el suministrador podrá cobrar a los operadores se fijarán tomando en cuenta, entre otros elementos de referencia, el costo de la inversión, operación, uso, mantenimiento, y reparación de las instalaciones a que se accede y un margen de retorno razonable.

Artículo 49. Le corresponde a las partes fijar los precios y las condiciones para el acceso y uso de las instalaciones. Cuando las partes no lleguen a un acuerdo el Ente Regulador fijará los precios y las condiciones para el acceso y uso de las instalaciones que corresponda, de acuerdo a los principios de eficiencia económica y estimulación de la competencia de acuerdo a las normas contenidas en el presente Título.

Artículo 50. En la medida de lo posible, todos los costos directos asociados con la utilización deberán estar reflejados en los precios de estos servicios. Los precios deberán reflejar descuentos por volumen en los precios al por menor, cuando corresponda. Los costos no recurrentes extraordinarios relacionados con la satisfacción de la demanda de un operador se deberán recuperar de manera equitativa y proporcional al espacio utilizado por cada operador y al período de tiempo acordado para su utilización.

Artículo 51. Los precios por acceso y uso se fundamentarán en los cargos por servicios similares prestados por el suministrador a otros operadores.

Artículo 52. Todo suministrador deberá poner sus instalaciones a disposición de otros operadores de manera tal que los precios del acceso y uso reflejen, como mínimo, los costos incrementales a largo plazo. En ningún caso dichos precios podrán fijarse a un nivel tal que distorsionen la leal competencia entre operadores.

Artículo 53. Se considerará como operador causante del gasto:

53.1. En los supuestos de accesos y usos nuevos, aquél que los solicita;

53.2. En los supuestos de modificación de accesos y usos existentes, aquéllos que soliciten dicha modificación.

Los costos serán establecidos en base al mecanismo fijado en el presente Título.

Artículo 54. El cálculo de los costos incrementales promedio de largo plazo se determinará siguiendo principios y teorías económicas generalmente aceptados, tomando para ello en cuenta lo señalado en el Artículo siguiente del presente Decreto Ejecutivo. Los precios de los elementos de utilización relacionados no deberán variar del costo incremental promedio de largo plazo del servicio de manera tal que distorsione la leal competencia entre operadores.

Artículo 55. En todos los casos, los costos considerados serán los de un operador eficiente, que opere en las condiciones sociales, económicas y de mercado existentes en la República de Panamá en su momento, los cuales se calcularán en base a los siguientes elementos debidamente prorrateados:

55.1. La arquitectura de red del operador;

55.2. La tecnología más económica y eficiente disponible, dada la arquitectura de red existente;

55.3. Un número de trabajadores acorde con un operador eficiente, tomando en cuenta los costos de reestructuración del operador en la República de Panamá, cuando ello sea aplicable;

55.4. El costo de equipo y gastos de personal a nivel de mercado, tomando en cuenta los costos de reestructuración del operador en la República de Panamá, cuando ello sea aplicable;

55.5. El costo del dinero, reflejando el costo real del financiamiento del negocio, incluyendo el costo del capital social y del endeudamiento tipo, ajustado para tener en cuenta la inflación;

55.6. El costo de los impuestos, tasas, derechos y cánones incurribles por los suministradores;

55.7. La depreciación económica de los activos fijos;

55.8. La capitalización de los costos cuyos beneficios se recibirán por un período mayor de un (1) año, tales como costos de captación de clientela;

55.9. Los gastos generales y de administración;

55.10. Una tasa de retorno razonable para los activos fijos netos dedicados a la utilización.


Capítulo 2: Condiciones del Acceso y Uso

Artículo 56. El acceso, si así lo solicita el operador, será de igual calidad al que el suministrador se otorgue a sí mismo o a cualquier otro operador.

Artículo 57. Todo aquel que incurra en prácticas restrictivas de la competencia, por razón del incumplimiento del presente Decreto, será sancionado por el Ente Regulador, el cual adicionalmente podrá imponer medidas correctivas que eliminen estas prácticas restrictivas.

Artículo 58. Los suministradores podrán solicitar a los operadores un depósito para asegurar el pago de los servicios prestados, así como una fianza de cumplimiento.

Artículo 59. Las modalidades de pago por acceso y uso serán escogidas libremente entre las partes, debiéndose otorgar el mismo trato en iguales condiciones. El suministrador podrá establecer descuentos por volumen y planes promocionales de manera no discriminatoria para operadores que se encuentren en circunstancias similares.

Artículo 60. En relación con los aspectos técnicos del acceso y uso, regirán los estándares establecidos en la Ley No. 31/96, su reglamento y en las resoluciones que emita el Ente Regulador.

Artículo 61. Todo acceso y uso debe otorgarse de manera eficiente, en concordancia con los principios de igualdad y trato no discriminatorio, para lo cual todo suministrador deberá ofrecer las mismas condiciones técnicas, económicas, y de mercado a los operadores que se encuentren en condiciones similares que soliciten el respectivo acceso y uso.


Capítulo 3: Del Uso del Espacio Reservado

Artículo 62. El espacio reservado por el suministrador o por un operador podrá ser utilizado por otros operadores hasta que aquellos deseen hacer uso del mismo, salvo por acuerdo entre las partes.

Artículo 63. La petición de uso del espacio reservado deberá hacerse ante el suministrador. En caso de que el espacio esté reservado por un operador, el suministrador podrá ceder el uso del mismo únicamente con el consentimiento escrito del operador afectado.

Artículo 64. Cuando el titular de una reserva se disponga a hacer uso de la misma deberá comunicar por escrito al ocupante de ésta con un mínimo de sesenta (60) días calendario de antelación. Al término de dicho plazo, el ocupante deberá desalojar las instalaciones. En el caso de que el ocupante no desaloje, podrá ser sancionado por el Ente Regulador. La actuación del Ente Regulador podrá incluir la desconexión física del acceso y multas por daños que hayan ocasionado al titular de la reserva y por los que se hayan ocasionado a terceros, incluyendo los clientes del ocupante desalojado.

TITULO V: EXTENSION DEL ESPACIO DISPONIBLE

Capítulo 1: Implantación de nuevas instalaciones

Artículo 65. Son nuevas instalaciones todas aquellas que añaden espacio utilizable al existente sin constituir una mera modificación de las instalaciones existentes.

Artículo 66. En aplicación de los principios de neutralidad, no discriminación e igualdad, el suministrador deberá justificar la denegación de ampliación de instalaciones cuando la misma fuese necesaria para satisfacer la solicitud de un operador.

Artículo 67. Antes de que se creen nuevas instalaciones, deberán darse las siguientes condiciones:

67.1. Que las nuevas instalaciones no estén en contradicción con las normas medioambientales, arqueológicas, urbanísticas y otras reglamentaciones nacionales o municipales, si es el caso;

67.2. Que las nuevas instalaciones ofrezcan suficiente espacio para cubrir las posibles necesidades de los operadores potenciales a juicio del Ente Regulador;

67.3. Que las nuevas instalaciones cumplan con los requisitos técnicos y de seguridad pertinentes.

Artículo 68. En los períodos que el Ente Regulador establezca de acuerdo al Artículo siguiente, los interesados deberán comunicar por escrito a esta entidad su intención de construir nuevas instalaciones antes del inicio de los trabajos correspondientes. La notificación escrita deberá incluir:

68.1. Descripción de los trabajos;

68.2. Planes de instalación y descripción geográfica de los mismos;

68.3. Información de la capacidad existente, de las nuevas solicitudes de utilización, y de la capacidad esperada para operadores potenciales.

Artículo 69. El Ente Regulador mediante aviso publicado en dos (2) diarios de circulación nacional por tres (3) días consecutivos en el mes de diciembre, pondrá en conocimiento de los interesados un mínimo de tres (3) períodos en los cuales se recibirán las notificaciones de que trata el Artículo anterior.

El Ente Regulador recibirá las notificaciones de que trata el Artículo anterior dentro del término de siete (7) días calendario que se establezca en la publicación del aviso que debe realizar para cada uno de los períodos señalados en el párrafo anterior.

Artículo 70. Las condiciones señaladas en los Artículos 68 y 69 no serán de obligatorio cumplimiento únicamente cuando se den las siguientes excepciones:

70.1. Por razones de seguridad de la red o de las personas responsables de la operación y mantenimiento de la misma, o de terceros;

70.2 Por razones de fuerza mayor o caso fortuito, seguridad y emergencia nacional.

En caso de que el operador implante nuevas instalaciones acogiéndose a estas excepciones, comunicará por escrito al Ente Regulador de las nuevas instalaciones dentro de los dos (2) días hábiles que sigan a las mismas.

Artículo 71. Todas aquellas Inversiones Menores serán proyectos tipificados y normalizados por el Ente Regulador. Las Inversiones Mayores se sujetarán al procedimiento de convocatoria pública contenido en los Artículos siguientes.

Artículo 72. El Ente Regulador emitirá una convocatoria al público sobre la nueva construcción a través de un aviso que se publicará por un mínimo de cinco (5) días calendario consecutivos en dos (2) diarios de circulación nacional;

El aviso de convocatoria incluirá:

72.1. Resumen escrito general de la instalación propuesta;

72.2. Descripción geográfica general de la ubicación del proyecto;

72.3. Invitación para que se realicen objeciones y para la presentación de solicitudes de utilización por parte de operadores.

Todo el resto de la información y documentación suministrada al Ente Regulador por el interesado será tratada con estricta confidencialidad y no será divulgada a terceros. Los funcionarios que violen esta disposición serán sancionados con las penas correspondientes, sin perjuicio de la acción civil a que haya lugar.

Artículo 73. Las objeciones o solicitudes, deberán remitirse dentro de los veinte (20) días calendario contados a partir del último anuncio del Ente Regulador.

Artículo 74. Dentro de los diez (10) días calendario que siguen a la terminación del plazo señalado en el Artículo anterior, el Ente Regulador deberá enviar las objeciones y solicitudes de las partes interesadas al peticionario.

Artículo 75. El peticionario dispondrá de un plazo de catorce (14) días calendario para contestar las objeciones presentadas y examinar las solicitudes de los operadores potenciales.

Artículo 76. Al término del mismo, el Ente Regulador deberá examinar en un plazo de catorce (14) días calendario la documentación recibida, y en el caso de que el peticionario no cumpla con los requisitos establecidos en el presente Capítulo, prohibirá el inicio de las obras.

Artículo 77. Para la constitución y uso de servidumbres, ya sea en predio propio o ajeno, o sobre bienes públicos o privados, se aplicarán, para los titulares de licencias o concesiones, según corresponda de acuerdo a la Ley No. 36 de 1980 o al Decreto No. 155 de 1962 las normas contenidas en el Título IV de la Ley No. 31 de 1996 y su respectiva Reglamentación.


Capítulo 2: Modificación de los Acuerdos de Acceso y Uso

Artículo 78. Modificaciones de instalaciones son todos aquellos cambios que afectan el espacio utilizable en las instalaciones existentes.

Artículo 79. Cuando el suministrador de una instalación desee cambiar el uso al que está destinada, o desee extender su capacidad o recuperar su espacio utilizable, deberá comunicarlo por escrito al operador afectado con sesenta (60) días calendario de antelación al inicio de las obras.

Artículo 80. El operador deberá responder a la comunicación referida en el Artículo anterior dentro de los treinta (30) días calendario de recibida ésta, a efectos de agregar espacio al que ya está utilizando en las instalaciones, o destinar un nuevo uso o un uso modificado de acuerdo al cambio que ha efectuado el suministrador.

Artículo 81. Cuando un operador solicite más espacio utilizable en las instalaciones, la ampliación será realizada por el suministrador salvo acuerdo contrario. En todos los casos los gastos atribuibles a la capacidad adicional construida por cualquier suministrador correrán a cargo del operador que la haya solicitado.

Artículo 82. Una vez que el operador haya comunicado por escrito al suministrador respecto a su solicitud, el suministrador deberá responder dentro de los sesenta (60) días calendario de recibida la notificación. Si las partes no llegan a un acuerdo, serán de aplicación los previsto en el Capítulo 7 del Título II del presente Decreto referentes a la resolución de disputas en la utilización.

Artículo 83. Los gastos incurridos por los cambios de uso solicitados por cualquiera de las partes correrán a cargo de la parte que los solicitó.


TITULO VI: DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES

Capítulo 1: Derechos y Deberes del Suministrador

Artículo 84. El suministrador deberá conceder al operador acceso y uso de las instalaciones necesarias para el buen funcionamiento de su red y de su servicio.

Artículo 85. El suministrador podrá conceder al operador acceso a las instalaciones para su reparación, sustitución y mantenimiento, y podrá exigir que éste cumpla, respecto de su equipamiento y de su personal, con similares requisitos técnicos, de capacitación y de seguridad de los que goza el suministrador.

Artículo 86. El suministrador deberá proveer al operador de aparatos, instrumentos y demás equipamiento necesario únicamente en el caso de que las actividades que el suministrador desee realizar obliguen a la utilización de equipos altamente especializados.

Artículo 87. Será responsabilidad del suministrador mantener las instalaciones en condiciones tales que su uso no contravenga los estándares de calidad promedio de las instalaciones del área en que están instaladas. Bajo ninguna circunstancia los estándares de las instalaciones serán inferiores a los establecidos en las regulaciones de seguridad vigentes.

Artículo 88. Cualquier operación de mantenimiento, reparación y sustitución de las instalaciones será responsabilidad del suministrador.

Artículo 89. Serán responsabilidad del suministrador los costos ocasionados por las operaciones de mantenimiento, reparación y reemplazo de las instalaciones, siempre y cuando tales operaciones no fueren causadas por acciones del operador.

Artículo 90. El suministrador tiene el derecho de reservar espacio utilizable en sus instalaciones por un término de diez (10) años cada vez que recupere o añada espacio utilizable.

Artículo 91. El suministrador deberá comunicar por escrito al Ente Regulador de su intención de reservar espacio utilizable y presentará una descripción del proyecto de utilización del espacio reservado que deberá contener, como mínimo, los siguientes términos:

91.1. Las razones de seguridad, técnicas y de mercado que hacen necesaria la reserva;

91.2. El porcentaje de espacio que quiere reservar;

91.3. El tiempo de la reserva, que no podrá ser superior a diez (10) años.

Artículo 92. El Ente Regulador dispondrá de sesenta (60) días calendario para denegar o reducir la reserva del espacio solicitado si el proyecto presentado no justifica técnicamente la reserva de espacio solicitada.


Capítulo 2: Derechos y Deberes del Operador

Artículo 93. El operador solamente podrá acceder a las instalaciones para instalar, unir, mantener, reparar o sustituir sus equipos.

Artículo 94. En caso de que el operador utilice aparatos, instrumentos y demás equipo altamente especializado del suministrador en cumplimiento del Artículo 86, asumirá los costos incurridos.

Artículo 95. El operador será responsable de todos aquellos costos ocasionados directamente por sus acciones u omisiones que hayan originado daños, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar.

Artículo 96. Unicamente aquellos operadores que estén en uso de instalaciones, podrán reservar espacio en las mismas, cuando haya espacio utilizable, por un término de no más de diez (10) años. En caso de reserva de espacio, les serán aplicables las disposiciones del Capítulo 1 de este Título VI.

Artículo 97. El operador deberá cumplir con las normas técnicas y de seguridad correspondientes.


TITULO VII: INFRACCIONES Y SANCIONES

Capítulo 1: De las infracciones.

Artículo 98. Toda acción u omisión que transgreda o viole las obligaciones contenidas en el presente Decreto Ejecutivo o en las Resoluciones que se emitan de conformidad con el mismo, se constituyen en infracción susceptible de ser sancionada por el Ente Regulador, mediante multa entre B/. 1,000.00 hasta B/. 100,000.00, dependiendo de la gravedad de la falta , la cual podrá ir acompañada de una orden de hacer o no hacer para subsanar el incumplimiento de las normas contenidas en el presente Decreto.

Artículo 99. Cuando una norma legal o posterior modifique, añada o elimine infracciones en materia de acceso y uso de instalaciones, las mismas comenzarán a regir dentro de los seis (6) meses contados a partir de su publicación en la Gaceta Oficial.

Artículo 100. Constituyen infracciones en materia de acceso y uso de instalaciones las siguientes:

100.1. El acceso y uso de instalaciones sin la correspondiente autorización.

100.2. El acceso y uso de instalaciones en forma distinta a la autorizada en violación de acuerdos suscritos o de Resoluciones emitidas por el Ente Regulador.

100.3. Negarse a obedecer mandatos sobre acceso y uso de instalaciones contenidos en Resoluciones que emita el Ente Regulador a este respecto.

100.4. El construir instalaciones en forma diferente a las comunicadas al Ente Regulador de acuerdo al contenido del Artículo 69 del presente Decreto.

100.5. Cuando un suministrador no ofrezca a un operador en las mismas condiciones técnicas, económicas y de mercado que las de otro operador en similar situación el acceso y uso a las instalaciones del suministrador.

100.6. Incumplimiento de cualesquiera otras normas legales vigentes en materia de acceso y uso de instalaciones.


Capítulo 2: De las sanciones:

Artículo 101. El acceso y uso de instalaciones sin la correspondiente autorización será sancionado con multa entre B/.10,000.00 y B/.100,000.00, sin perjuicio de las responsabilidades penales o civiles correspondientes.

Artículo 102. El acceso y uso de instalaciones en forma distinta a la autorizada en violación de acuerdos suscritos o de Resoluciones emitidas por el Ente Regulador será sancionado con multa entre B/.1,000,00 y B/. 75,000.00, sin perjuicio de las responsabilidades penales o civiles que correspondan.

Artículo 103. Negarse a obedecer mandatos sobre acceso y uso de instalaciones contenidos en Resoluciones que emita el Ente Regulador a este respecto será sancionado con multa entre B/.10,000 y B/.100,000.00

Artículo 104. El construir instalaciones en forma diferente a las comunicadas al Ente Regulador de acuerdo al contenido del Artículo 69 del presente Decreto será sancionado con multa entre B/5,000,00 y B/.75,000.00, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que correspondan.

Artículo 105. Cuando un suministrador no ofrezca a un operador en las mismas condiciones técnicas, económicas y de mercado que las de otro operador en similar situación el acceso y uso a las instalaciones del suministrador, éste será sancionado con multa entre B/.5,000.00 y B/.75,000.00.

Artículo 106. El que incumpla cualesquiera otras normas legales vigentes en materia de acceso y uso de instalaciones será sancionado con multa entre B/.1,000.00 y B/.100,000.00.

Artículo 107. El pago de las multas no convalida de manera alguna la actividad irregular que dio lugar a la sanción, debiendo el infractor cesar los actos irregulares al día siguiente de su notificación.

Artículo 108. La multa deberá ser pagada en un término no mayor de diez (10) días hábiles, contados a partir de su imposición, plazo después del cual se procederá a la cobranza judicial de ésta sin perjuicio de los recargos por intereses moratorios impuestos por el Ente Regulador.

Artículo 109. Para todos los casos antes citados, el afectado podrá recurrir la sanción impuesta por el Ente Regulador mediante la interposición del Recurso de Reconsideración ante el pleno de la Junta Directiva, con el cual se agotará la vía gubernativa. Para interponer el recurso contencioso administrativo contra la sanción impuesta, el afectado deberá acompañar prueba de haber consignado la multa impuesta por el Ente Regulador.


Capítulo 3: Del Procedimiento sancionador:

Artículo 110. El Ente Regulador impondrá de oficio o recibida la denuncia correspondiente, las sanciones previstas para las infracciones contenidas en los Numerales 2, 5 y 6 del Artículo 100 del presente Decreto, previo cumplimiento del procedimiento que se indica a continuación:

110.1.El procedimiento administrativo se impulsará de oficio, ajustándose a los principios de economía procesal, celeridad, eficacia, simplificación de trámites, ausencia de formalismo e imparcialidad, todo ello con pleno respeto al derecho de iniciativa y de defensa del acusado.

110.2. Recibida la denuncia correspondiente, la Junta Directiva del Ente Regulador designará un comisionado sustanciador, el cual adelantará las diligencias de investigación y ordenará cuantas pruebas y acciones sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades correspondientes. El comisionado sustanciador puede delegar estas funciones en un funcionario subalterno.

El comisionado sustanciador contará con un término improrrogable de hasta quince (15) días calendario, para realizar la investigación de la denuncia presentada. Contra las decisiones del comisionado sustanciador no procede recurso alguno.

110.3. Una vez vencido el término señalado en el punto anterior, el comisionado sustanciador contará con un término de quince (15) días calendario para elaborar un pliego de cargos, donde expondrá los hechos imputados y lo notificará personalmente al acusado para que lo conteste dentro del término de diez (10) días calendario contados a partir de su notificación. Si el acusado acepta los hechos imputados, sin más trámite el Ente le impondrá la sanción que corresponda.

110.4. Si el acusado contestare los hechos imputados en el pliego de cargos, podrá acreditar cualquier medio de prueba, con sujeción a las siguientes reglas:

a.- El comisionado sustanciador ordenará la apertura de un período de presentación de pruebas no mayor de cinco (5) días hábiles. La práctica de las pruebas que hubiesen sido admitidas por el comisionado sustanciador se realizará en un término no mayor de quince (15) días calendario, contados a partir la finalización del período de cinco (5) días hábiles anteriormente mencionados.

b.- Dentro de los cinco (5) días hábiles después de finalizado el período de prácticas de pruebas de que trata el literal anterior, el acusado podrá presentar sus alegaciones por escrito.

110.5. Vencido el período de alegatos el Ente Regulador contará con un término de hasta treinta (30) días calendario para resolver la controversia a través de una resolución motivada, haciendo una exposición sucinta de los hechos comprobados, de las pruebas relativas a la responsabilidad del acusado, de las disposiciones legales infringidas o de la exoneración de la responsabilidad, tal cual sea el caso.

110.6. Contra la resolución que imponga una sanción, solamente cabrá el recurso de reconsideración y, una vez resuelto éste, quedará agotada la vía gubernativa.

110.7. Las decisiones adoptadas en los procesos sancionatorios serán, en todo caso, recurribles ante la jurisdicción contencioso administrativo, para lo cual, previamente el sancionado deberá consignar en el Ente Regulador el importe de la multa impuesta.

Artículo 111. En el evento de que por denuncia, o como resultado de una inspección ordenada por el Ente Regulador, esta Entidad imponga las sanciones previstas en los numerales 1, 3 y 4 del Artículo 100 del presente Decreto, lo hará a través de un procedimiento sumario, sujeto a las siguientes etapas:

111.1.El Ente Regulador remitirá al afectado una nota donde se comunicará la inspección a realizar, la fecha y hora en que se dará inicio a la inspección, un calendario de ejecución de la inspección, designando a los funcionarios del Ente Regulador que participarán en la misma.

111.2. Concluida la inspección, los funcionarios del Ente Regulador levantarán el o las actas necesarias en las que deben exponer los hechos que motivaron la inspección, las personas que participaron en la misma, los hallazgos realizados y las explicaciones que aduzca el afectado con motivo de la inspección realizada. Del acta elaborada se entregará copia al afectado.

111.3. Cuando de las inspecciones realizadas surjan hechos tipificados como infracción en materia de este Decreto, el Ente Regulador mediante nota citará al afectado a fin de que presente testimonio y las pruebas que resulten conducentes para sustentar su posición. La citación se hará al representante legal de la empresa afectada, en casos de personas jurídicas, o a la persona natural, según sea el caso, y dicha comparecencia deberá ser con un mínimo de tres (3) días hábiles, contados a partir de la notificación de su citación. La citación indicará la fecha en que el afectado deberá comparecer a presentar su testimonio y presentar las pruebas que estime conveniente para sustentar su posición frente a los hechos que le sean imputados.

111.4. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que el afectado se presente de conformidad a la citación enviada por el Ente Regulador, esta entidad procederá a emitir la correspondiente resolución motivada en aquellos casos donde se haya incumplido con las normas contenidas en este Decreto. En el evento que el afectado no acuda a la citación efectuada por el Ente Regulador, se entenderá como un indicio grave en su contra por lo que el Ente Regulador procederá a expedir la resolución correspondiente.

111.5. El afectado podrá recurrir contra la resolución que emita el Ente Regulador siempre y cuando:

a.- Cumpla con las órdenes impartidas por el Ente Regulador consignadas en la resolución, y

b.- consigne al Ente Regulador la multa que le haya sido impuesta.

El recurso de reconsideración ante el pleno de la Junta Directiva del Ente Regulador, se sujetará al siguiente procedimiento:

111.5.1. En el memorial donde eleve el afectado su Recurso de Reconsideración deberá aportar las pruebas que estime conveniente para su defensa. El Recurso de Reconsideración sólo suspenderá los efectos de la Resolución en la o las partes recurridas.

111.5.2. El Ente Regulador mediante proveído de mero obedecimiento admitirá el recurso si el mismo cumple con las formalidades de la ley, ordenando en dicho proveído la admisión de las pruebas que resulten conducentes para resolver la controversia presentada y señalando los términos para su práctica, el cual no será menor de cinco (5) días hábiles ni mayor de quince (15) días hábiles.

111.5.3. Vencido el término de práctica de pruebas el afectado contará con un término improrrogable de tres (3) días hábiles para presentar sus alegatos.

111.5.4. Una vez vencido el término indicado en el punto anterior, el Ente Regulador contará con un término improrrogable de sesenta (60) días calendario para la solución del recurso presentado.

111.5.5. Resuelta la reconsideración, se agota la vía gubernativa.

TITULO VIII: DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Artículo 112. Los acuerdos que regulen la utilización a instalaciones firmados antes de la entrada en vigor del presente Decreto Ejecutivo, continuarán vigentes según sus respectivos términos, siempre y cuando las partes de los mismos clasifiquen como suministradores y operadores, tal como se definen en el presente Decreto.

Artículo 113. El presente Decreto Ejecutivo no resulta aplicable para la determinación de normas que permitan la interconexión entre redes utilizadas para la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones, radio y televisión, los cuales se sujetarán a lo establecido en sus respectivas leyes sectoriales.

Artículo 114. Los permisos para la construcción y/o ubicación de nuevas instalaciones concedidos antes de la entrada en vigor del presente Decreto Ejecutivo seguirán siendo válidos, y deberán ser puestos en conocimiento del Ente Regulador dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario que siguen a la entrada en vigor del presente Decreto.

Artículo 115. Los suministradores y operadores deberán comunicar por escrito su intención de reservar espacio utilizable en sus instalaciones hasta por un período de diez (10) años al Ente Regulador no antes de cuarenta y cinco (45) días calendario ni después de noventa (90) días calendario desde la entrada en vigor del presente Decreto Ejecutivo. La notificación deberá hacerse según el procedimiento establecido en el Capítulo 1 del Título VI del presente Decreto Ejecutivo.

Parágrafo Transitorio: Durante el mes de diciembre de 1998, el Ente Regulador publicará en dos diarios de circulación nacional por tres (3) días calendario consecutivos, el período para el año de 1999 dentro del cual los interesados podrán dar la notificación de que trata el Artículo 68 del presente Decreto Ejecutivo.

Artículo 116. El presente Decreto Ejecutivo empezará a regir a partir de 1 de enero de 1999.


COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE

Dado en la ciudad de Panamá, a los 15 días del mes de junio de mil novecientos noventa y ocho (1998).


ERNESTO PEREZ BALLADARES

Presidente de la República


RAUL MONTENEGRO DIVIAZO

Ministro de Gobierno y Justicia